Denuncia el obstruccionismo de la anterior empresa concesionaria y la desinformación de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Extremadura
El 1 de enero de 2019, la Mancomunidad de Los Molinos remunicipalización el servicio de abastecimiento del agua en alta de la mano del Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz (Promedio) después de que el 31 de diciembre expirase el contrato con la empresa Aqualia, que estuvo vigente desde hace 25 años. De esta forma el sistema de abastecimiento que suministra agua potable a 60.000 habitantes de doce localidades pacenses, volvió a la gestión pública directa.
Pero este proceso no estuvo exento de problemas y actuaciones obstruccionistas por parte de Aqualia que, con la remunicipalización, ve limitadas sus expectativas de expansión, y por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA-UGT) de Extremadura que, durante los días previos a la remunicipalización, se dedicó a desinformar y crear incertidumbre sobre las consecuencias que tendría en los derechos de los trabajadores y en sus condiciones laborales; incluso amenazó con judicializar el proceso con la excusa de la imposibilidad de que los trabajadores de la empresa concesionaria se subrogaran en Promedio. Frente a este posicionamiento de FICA-UGT contrario a la remunicipalización, se alzó el de la Federación de Servicio Públicos de UGT (FeSP-UGT) Extremadura, que manifestó su total conformidad con el proceso animando, incluso, a la Administración a que lo extendiera a todos los servicios que en su día fueron externalizados.
No es sorprendente la posición mantenida por FICA-UGT en este proceso si se tiene en cuenta que muchos de sus análisis sobre las remunicipalizaciones coinciden con los planteamientos de la patronal de las empresas privadas del agua, especialmente en lo referente a las condiciones laborales del modelo de gestión privado; estas coincidencias se han hecho patentes con mayor claridad después del acuerdo que suscribieron la Federación de Industrias y Trabajadores Agrarios de la UGT -antecedente de FICA-UGT-, y la Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua Urbana (AGA) en marzo de 2016 para el impulso del sector de la gestión del ciclo integral del agua urbana en España.
Lo cierto es que la remunicipalización de la Mancomunidad de Los Molinos se ha materializado con la subrogación en las mismas condiciones con las que contaban en sus contratos de ocho de los nueve trabajadores que estaban integrados en el servicio, quedando garantizado que la operación del suministro no sufrirá cambios en cuanto a los recursos humanos; asimismo, se prevén nuevas inversiones para paliar los importantes déficits en este sentido en que había incurrido Aqualia. Por último, se ha garantizado la congelación de las tasas del servicio y que los eventuales beneficios que se pudieran generar se reinvertirán totalmente en el propio servicio de abastecimiento.
La Red Agua Pública (RAP) apoya decididamente la remunicipalización de la Mancomunidad de Los Molinos y las medidas subsiguientes que ha adoptado Promedio, con el convencimiento de que redundarán en mejores niveles de servicio y en prácticas de gestión acordes con el derecho humano al agua.
La RAP llama la atención de que el avance de la remunicipalización de los servicios de agua y saneamiento, que experimentó un notable auge especialmente después de 2015, se intensificará en el futuro inmediato, toda vez que son numerosas las concesiones de estos servicios que terminan en 2019 y 2020, y que existe la decisión política de las administraciones locales de retomar la gestión pública. En este contexto, es previsible la oposición frontal de la patronal AGA, de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS) y de las propias empresas concesionarias con Suez, Aqualia y Acciona a la cabeza, como así lo atestiguan los casos de Arteixo, Valladolid y Terrassa, y han sido palpables en Los Molinos.
Pero esta oposición, que responde a intereses económicos y a concepciones específicas de tipo político e ideológico, no se ha manifestado únicamente en la remunicipalización de servicios en los que ha terminado la concesión, sino que también ha intentado paralizar la participación ciudadana que reivindica la gestión pública del agua y la capacidad de la propia ciudadanía de decidir sobre los modelos de gestión de los servicios de agua, en coherencia con el contenido del derecho humano al agua; un caso paradigmático es el de la oposición frontal de Suez a la consulta sobre el modelo de gestión que impulsó el movimiento del agua pública y democrática en Barcelona.
La RAP reivindica la gestión pública y democrática de los servicios de agua y saneamiento, se opone a la privatización de los mismos y apoya la remunicipalización de los que en el pasado fueron externalizados; en este contexto, pedimos a los operadores públicos que reconsideren su pertenencia a AGA y AEAS, toda vez que, en la práctica son promotoras y defensoras de la gestión privada.
Enero 2019
