La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a varias decenas de plataformas y organizaciones sociales del estado español en la defensa de la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua-, entregó a los partidos políticos que concurrieron a las elecciones generales del pasado 28 de abril, un conjunto de propuestas relacionadas con el sector. Comoquiera que el 10 de noviembre se han convocado nuevas elecciones generales, se considera oportuno volver a plantear estas propuestas a las formaciones políticas que concurran, con el objetivo de contrastarlas con lo recogido en sus respectivos programas y conocer su disposición a desarrollarlas en actuaciones posteriores de gobierno, si llegara el caso.
Las propuestas de la RAP, que se consideran fundamentales para avanzar en la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua, se concretan en las actuaciones y reformas legislativas siguientes.
DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
Reconocimiento expreso e incorporación a la normativa en el más alto nivel posible del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con el alcance y contenido definido por Naciones Unidas, lo que implica la prohibición de cortes de suministro y la garantía de un mínimo vital gratuito en caso de impago en situaciones de vulnerabilidad social o económica.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Defensa del carácter público de la gestión del ciclo urbano del agua y su blindaje a través de una Ley Orgánica. Hasta tanto esto no sea efectivo, se tendrá en cuenta que la duración máxima de las concesiones será de cinco años, que podrá ampliarse hasta un máximo de diez, si el contrato incluyera obras financiadas por la empresa concesionaria, cuya amortización justifique extender la duración del contrato.
CANON CONCESIONAL
Prohibición por ley de los denominados cánones concesionales, que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados.
APOYO A LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN
Apoyo a los procesos de remunicipalización que se están llevando a cabo en numerosas ciudades y pueblos y a los que se aborden en el futuro, para lo cual es fundamental revertir la legislación aprobada en el pasado inmediato tendente a obstaculizar, cuando no a impedir la remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua.
En concreto, se propone la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en la medida que, no sólo obstaculiza la remunicipalización y favorece la privatización, sino que limita de forma injusta la financiación y la autonomía local, especialmente en los ayuntamientos más pequeños.
COMPETENCIAS MUNICIPALES Y REGULADOR DE LOS SERVICIOS DEL CICLO
Defensa de la autonomía municipal en cuanto a la titularidad de los servicios del ciclo urbano del agua, por lo que las administraciones locales tienen la responsabilidad de adoptar las decisiones oportunas para asegurar tanto la sostenibilidad de los servicios asociados, en el ámbito ambiental, económico, social, estructural y de gestión, como reguladores de los servicios de abastecimiento y saneamiento. En consecuencia, se rechaza la creación de un regulador único o autonómicos y, en cambio, se propone adoptar medidas que no comprometan la autonomía municipal tendentes a fortalecer las capacidades municipales.
MODELO DE GESTIÓN
Defensa de un nuevo modelo de gestión pública que se realice sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Exigencia de que todos los ingresos que se obtengan de la contraprestación económica procedente de los servicios de abastecimiento y saneamiento se destinen a sufragar, sin ánimo de lucro, los costes de dichos servicios.
CUMPLIMIENTO Y APOYO A LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y del resto de Directivas ambientales a través de una gestión orientada al uso sostenible del agua que garantice la conservación y la recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos.
Apoyo a la versión actual de la Directiva Marco del Agua y rechazo a las intenciones de algunos Estados miembros y grupos de interés privados de rebajar el contenido y exigencias de la Directiva, como una forma de eludir sus compromisos asumidos en relación con la sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas.
CONDICIONES LABORALES
Defensa de personal con derechos y condiciones de trabajo justas, en términos de calidad y estabilidad en el empleo. En consonancia con la importancia de los trabajadores, reivindicamos su participación en las instancias de toma de decisiones.
Aplicar de forma efectiva la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con estrategias para eliminar los techos de cristal existentes.
USOS DEL AGUA. USOS PRIORITARIOS
Detener el crecimiento de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbanos e industriales, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas.
Garantizar la prioridad de usos establecidos en la Ley de Aguas, poniendo en primer lugar, frente a los otros usos del agua, los del abastecimiento de poblaciones y caudales ecológicos.
FOMENTO DEL AGUA DE GRIFO
Fomentar a través de actividades de concienciación ciudadana, el consumo de agua de grifo y la reducción de la utilización de envases, especialmente de plástico, regular la oferta de agua de grifo gratuita en locales de restauración -bares, restaurantes-, e impulsar el uso de fuentes públicas y puntos de información sobre la calidad del agua en las ciudades y pueblos.
