Comunicado de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II ante la aprobación por la Asamblea de Madrid de una proposición de Ley sobre el Canal de Isabel II presentada por Ciudadanos

El 13 de diciembre la Asamblea de Madrid aprobó, a propuesta de Ciudadanos (Cs), con el apoyo del Partido Popular (PP) y el voto en contra de PSOE y Podemos, una proposición de modificación de la Ley 3/2008, de medidas Fiscales y Administrativas, que permitió el inicio del proceso de privatización del Canal de Isabel II (CYII). En esta proposición de Ley se ratifica la titularidad exclusivamente pública del capital de la sociedad anónima, pero se mantiene el modelo de gestión vigente caracterizado por su naturaleza mercantil con ánimo de lucro, su opacidad, su ineficiencia, la nula rendición de cuentas y de participación pública, y los insuficientes controles internos y externos de la entidad. Estos aspectos, no considerados en la proposición de Ley, son las causas estructurales que han facilitado la corrupción en el CYII, con la aparición de diferentes tramas (Lezo, Púnica y Tosca) que, como resultado de las operaciones judiciales en marcha, han supuesto la imputación y/o el encarcelamiento de un gran número de altos cargos de la comunidad de Madrid y de directivos del CYII, entre los que se encuentra el expresidente Ignacio González.

Con la proposición de Ley, y concretamente en su exposición de motivos, se hace tabla rasa de la ignominiosa justificación de la privatización del CYII que hizo Esperanza Aguirre, atribuyendo a la eficiencia en la gestión la consecución de unas necesidades de inversión que la historia reciente ha demostrado eran una mera justificación para vender el Canal de Isabel II. Se deja de lado un proceso de denuncia, en el que participó al principio Cs y del que ahora reniega, de la opacidad en la gestión del CYII y de la corrupción que campó a sus anchas durante el periodo negro en el que Esperanza Aguirre e Ignacio González presidieron el CYII.

Con la aprobación de esta proposición de Ley se pierde una oportunidad única, para realizar un cambio en profundidad en el modelo vigente de gestión del CYII, necesario para devolver la confianza de los ciudadanos en la entidad, tras la crisis en que está inmerso y establecer un servicio público de calidad. Esta reforma fue el objeto de una propuesta de “Ley de Medidas para el establecimiento de un nuevo modelo de gestión pública, transparente, democrática y participativa del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid”, presentada por PSOE y Podemos en 2017 en la Asamblea de Madrid, con el consenso de los movimientos sociales del agua y rechazada por los votos del PP y Cs.

La Plataforma contra la Privatización del CYII, rechaza la proposición de Ley sobre el Canal aprobada por la Asamblea de Madrid, por inadecuada e ineficiente, al mantener dos estructuras paralelas, la entidad pública CYII y la sociedad anónima, cuyas funciones se solapan, y no abordar los problemas de fondo que impiden una gestión pública transparente, participativa y respetuosa con los derechos de los ciudadanos y de los municipios y que en nuestra opinión, y de forma resumida, pasaría por:

  • La disolución de la sociedad anónima y la transferencia de su personal, activos y pasivos a la entidad pública CYII.

  • La asunción del derecho humano al agua en los términos definidos por Naciones Unidas.

  • El establecimiento de un nuevo modelo de gestión de carácter no mercantil, sin ánimo de lucro, de acuerdo con los principios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental.

  • El respeto de las competencias y de la autonomía municipal en la elección de las formas de gestión de los servicios de agua y saneamiento. Mayor representación de los ayuntamientos en los órganos de dirección del CYII.

  • El establecimiento de procedimientos formalizados de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas a todos los niveles de la toma de decisiones que permitan controlar la gestión del servicio y velen por que las actuaciones obedezcan al interés general. Existencia de auditorías internas y externas incluyendo la que debería realizarse desde la Asamblea de Madrid.

Madrid, 14 de diciembre de 2018

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